La Reforma laboral para Uber y Didi busca integrar a los repartidores y conductores de plataformas digitales – al régimen de seguridad social sin sacrificar la flexibilidad que caracteriza a este empleo. Aprobada a finales de 2024, la reforma garantiza por primera vez derechos laborales plenos a quienes trabajan mediante aplicaciones, incluyendo afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El cambio impactará a más de 650,000 a 700,000 trabajadores de plataformas en el país quienes hasta ahora operaban sin prestaciones, exponiéndose a la precariedad. La medida ha sido aclamada como un avance histórico –incluso reconocida por la Organización Internacional del Trabajo–, pero también ha generado inquietudes entre algunos repartidores y reacciones diversas de empresas y sindicatos. A continuación, examinamos los puntos clave de la reforma, su motivación, las posturas de gobierno y actores involucrados, y el estado actual de su implementación.
Antecedentes: flexibilidad vs. precariedad
La economía de plataformas creció aceleradamente en México en años recientes, ofreciendo a miles de personas ingresos mediante servicios de transporte y entrega a domicilio. Sin embargo, este trabajo había quedado al margen de la legislación laboral, considerándose empleo independiente. Esto significaba que conductores y repartidores carecían de seguridad social, seguro médico o prestaciones como aguinaldo y vacaciones pagadas. Muchos usaban las apps como actividad complementaria o flexible, valorando la libertad de elegir horarios para combinar con estudios, cuidado de familia u otros empleos. Esa misma flexibilidad venía acompañada de inestabilidad: ingresos variables, ningún contrato formal y desprotección ante accidentes o enfermedades.
Bajo la administración actual, de corte pro-laboral, surgió el impulso de reconocer derechos laborales a los trabajadores de plataformas. La motivación oficial fue cerrar la brecha de protección social en un sector en auge pero altamente informal. “La reforma dota de derechos laborales por primera vez a quienes trabajan mediante plataformas digitales” anunció la Secretaría del Trabajo, apuntando a garantizar acceso a salud, cotización para retiro y otras prestaciones. Asimismo, se buscó atender denuncias de arbitrariedades algorítmicas –suspensiones injustificadas de cuentas o reparto opaco de pedidos– mediante nuevos candados legales. En suma, la reforma nació para equilibrar la balanza: proteger a los repartidores y conductores sin quitarles la flexibilidad que hizo atractiva a esta modalidad de trabajo.
5 Claves de la Reforma laboral para Uber y Didi
Trabajador formal vs. independiente: La nueva ley distingue entre quienes generan ingresos significativos en las apps y quienes lo hacen ocasionalmente. Aquellos repartidores o choferes que obtengan al menos un salario mínimo mensual vigente (aprox. $8,364 MXN al mes en 2025) a través de plataformas serán reconocidos como trabajadores de plataforma digitales y entrarán al régimen laboral formal En cambio, quienes ganen menos de ese umbral se considerarán independientes y no estarán obligados a cotizar, aunque podrán afiliarse voluntariamente al IMSS y de cualquier forma contarán con seguro de riesgos de trabajo por parte de la empresa. Importa resaltar que la clasificación dependerá del ingreso generado, no del número de horas conectadas reconociendo así la naturaleza intermitente de este empleo.
Obligaciones para las plataformas: Desde el 1 de julio de 2025, las aplicaciones deben cumplir una serie de obligaciones para formalizar la relación laboral con sus socios conductores/repartidores
- Registro patronal: Inscribirse ante el IMSS como patrones y obtener un número de registro
- Alta al IMSS de trabajadores elegibles: Afiliar al IMSS a todo aquel repartidor/conductor que haya generado al menos un salario mínimo en el mes
- Reporte periódico: Informar altas, bajas y modificaciones salariales de estos trabajadores cada mes (dentro de los primeros 5 días hábiles)
- Cotización en seguridad social: Calcular y pagar cuotas obrero-patronales al IMSS e Infonavit con base en el ingreso neto mensual del trabajador. Dicho ingreso neto se determina tras ciertas deducciones operativas (por uso de vehículo, etc.), según reglas establecidas por la Secretaría del Trabajo. La aportación al fondo de vivienda será del 5% del salario base
- Seguro de riesgos de trabajo: Proporcionar cobertura por accidentes de trabajo a todos los repartidores/conductores mientras realizan actividades, incluso a los que no alcancen el ingreso mínimo.
- Transparencia y trato justo: Garantizar protección contra bloqueos arbitrarios, es decir, que ningún socio sea desconectado injustificadamente o “baneado” por el algoritmo sin motivo válido. Las plataformas deberán transparentar sus algoritmos de asignación de pedidos y ofrecer atención humana para resolver disputas o apelaciones de suspensión. Asimismo, no pueden cobrar a los repartidores por el uso de la aplicación ni retenerles indebidamente bonos o propinas.
Nuevos derechos para repartidores y conductores: Los trabajadores que cumplan el criterio del salario mínimo y queden afiliados obtendrán plena seguridad social en las cinco ramas que cubre el IMSS:
- Enfermedades y maternidad: acceso a atención médica, medicamentos, licencias por incapacidad y prestaciones en caso de maternidad.
- Riesgos de trabajo: cobertura de accidentes laborales, con atención médica y posibles indemnizaciones por accidentes o enfermedades profesionales.
- Invalidez y vida: protección con pensión en caso de invalidez permanente o apoyo a familiares por fallecimiento del trabajador.
- Retiro, cesantía y vejez: cotización para una pensión al jubilarse, acumulando semanas de cotización como cualquier trabajador formal.
- Guarderías y prestaciones sociales: acceso a estancias infantiles del IMSS y programas sociales, además de crédito para vivienda a través del Infonavit.
Además de la seguridad social, la reforma establece que estos trabajadores tendrán derecho a vacaciones pagadas, prima vacacional, aguinaldo (bono navideño) y participación en utilidades de la empresa (PTU) proporcional al tiempo laborado. En caso de terminarse la relación laboral, se prevén incluso indemnizaciones por despido (90 días de salario más 20 días por año trabajado, tomando en cuenta el tiempo efectivamente laborado), algo inédito antes de la reforma. Importante: quienes ya cotizan por su cuenta o están pensionados no perderán sus derechos adquiridos por sumarse a trabajar en apps; pueden seguir operando sin que se cancelen sus pensiones u otros beneficios.
Preservación de la flexibilidad: Un eje central en la negociación de la reforma fue no comprometer la autonomía laboral que atrajo a muchos a este sector. La ley no impone horarios fijos ni esquemas de jornada tradicional; al contrario, reconoce un modelo de trabajo discontinuo donde la relación laboral existe solo durante el tiempo en que el repartidor o conductor está en servicio. En la práctica, los trabajadores podrán seguir conectándose y desconectándose libremente, sin obligación de cumplir turnos. Se les permite rechazar o aceptar pedidos según su conveniencia, y usar múltiples aplicaciones a la vez para maximizar ingresos. La única condición es que, si un colaborador permanece inactivo por más de 30 días seguidos, la relación laboral puede darse por terminada sin responsabilidad para el patrón. Esto formaliza una realidad: la mayoría de repartidores no dependen exclusivamente de la app, pues 70% no dejó su empleo anterior al comenzar en plataformas, sino que combinan ambas actividades. En suma, la reforma busca equilibrar derechos y flexibilidad, respondiendo al dilema de cómo proteger al trabajador sin “encorsetar” un modelo que valoran por su libertad.
Posturas del gobierno y colectivos de repartidores
El Gobierno federal –impulsor de la reforma– sostiene que esta medida era necesaria y benéfica. Las autoridades proyectan que cientos de miles de trabajadores de apps accederán por primera vez al IMSS y prestaciones básicas, cerrando una deuda social. “Nadie puede ser desconectado por un robot sin derecho a una audiencia. La desconexión inmediata solo se permite en casos graves… y siempre deberá notificarse claramente con justificación”, recalcó Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo (STPS), al presentar los detalles. El gobierno subraya que no habrá nuevos impuestos ni cambios fiscales para los repartidores: continúan bajo el mismo régimen de ISR e IVA aplicable desde antes, con retenciones vía plataformas como ya ocurría. De hecho, el SAT y la STPS emitieron un criterio normativo conjunto aclarando que la reforma laboral no modifica el tratamiento fiscal vigente para los conductores/repartidores, brindando certeza de que “seguirán cumpliendo de la misma manera con sus obligaciones tributarias”. Asimismo, las autoridades aseguran que no se impondrán cuotas ni cargas excesivas a los trabajadores; las aportaciones al IMSS serán compartidas entre empresa y empleado de forma proporcional a los ingresos. Para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta iniciativa marca un precedente a nivel internacional, al integrar a los trabajadores digitales a la protección social sin calcar esquemas rígidos de otros países. No es casualidad que la propia OIT aplaudiera la reforma como “un avance significativo en América Latina”.
Los repartidores y conductores organizados han tenido reacciones mixtas. Por un lado, colectivos como la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) respaldan la reforma, pues formaliza derechos largamente exigidos. Representantes de UNTA participaron en las mesas de diálogo previas y celebran medidas como el acceso al IMSS, Infonavit, vacaciones y regulación de los algoritmos. “Sabemos que algunas plataformas han reaccionado desinformando… pero somos más los que queremos esta ley y queremos tener protección”, afirmó Shaira Garduño Tovar, vocera de UNTA, denunciando supuestas campañas para sembrar temor entre los trabajadores. Esta organización sostiene que la resistencia de algunos repartidores se debe a información confusa difundida, por ejemplo, acerca de que empezarían a pagar más impuestos –lo cual el gobierno ha desmentido categóricamente–. Gracias a la presión de estos colectivos, se incluyeron garantías de autonomía y se pactó iniciar con un programa piloto de 180 días para evaluar la implementación, en lugar de aplicar la reforma de golpe.
Por otro lado, existe un sector de repartidores –muchos de ellos mujeres– que ha expresado preocupaciones legítimas. A mediados de junio de 2025, a pocos días de la entrada en vigor prevista, grupos de conductoras y repartidorasrealizaron protestas y bloquearon vialidades en Ciudad de México. Su principal temor era “perder la flexibilidad” que les permite conciliar este trabajo con otras responsabilidades, así como una posible reducción de ingresos netos por las cuotas del IMSS que se les descontarían. “Esta actividad representa más que un ingreso: es una forma de libertad”, declararon integrantes de un colectivo de trabajadoras por app, advirtiendo que una mala ejecución de la reforma podría excluirlas de una fuente vital de ingresos. También criticaron la falta de información clara sobre cómo operaría el nuevo esquema –qué trámites debían hacer, cuánto les retendrían de su pago, etc.– a días de implementarse. Estas voces pidieron al gobierno perspectiva de género en la reforma, señalando que muchas mujeres dependen de la flexibilidad de las plataformas para trabajar en sus propios términos. Ante la presión, las autoridades accedieron a posponer la entrada en vigor al 1 de julio (inicialmente prevista para el 22 de junio) y mantuvieron abiertas las mesas de diálogo con trabajadores inconformes. La Secretaría del Trabajo, junto con la Secretaría de las Mujeres de CDMX, se comprometió a acompañar la implementación para asegurar que no se vulneren los derechos ni el sustento de las trabajadoras durante la transición. Este tira y afloja evidencia la tensión inherente: cómo ampliar derechos sin ahuyentar la flexibilidad que hace viable el trabajo por app, un desafío que México está enfrentando en tiempo real.
Respuesta de Uber, Rappi y las empresas de plataforma
Las compañías de plataformas digitales inicialmente mostraron reservas ante la reforma, pero terminaron por sumarse a su implementación bajo supervisión gubernamental. A través de la asociación Alianza In México –que agrupa a firmas como Uber, DiDi, Rappi, Beat, entre otras– las empresas confirmaron su participación en el programa piloto de seguridad social, declarando estar “listas” para cumplir con las nuevas obligaciones. “Esta primera etapa, de julio a septiembre, es clave para asegurar que el piloto funcione para todos los actores: trabajadores, plataformas y autoridades. Estamos comprometidos con aportar datos, escuchar experiencias y proponer ajustes si es necesario”, señaló Guillermo Malpica, director ejecutivo de Alianza In, enfatizando que el diálogo continuará durante el proceso. Las plataformas reconocen que la reforma formaliza una relación de trabajo subordinadadurante el tiempo efectivo de servicio, y por ende aceptan brindar prestaciones sociales a quienes cumplan el criterio de ingresosdplnews.com. En la práctica, esto ha implicado desarrollar sistemas internos para registrar las horas trabajadas, recalcular tarifas y retener cuotas de seguridad social, entre otras adaptaciones técnicas y operativas.
Empresas como Rappi han destacado públicamente el carácter innovador de esta regulación. “México está marcando un precedente global al proponer soluciones que reconocen la naturaleza flexible del trabajo en plataformas digitales y lo integran a esquemas de protección social”, declaró Isabella Mariño, directora de Asuntos Públicos de Rappi México. La compañía aseguró haber participado activamente en las mesas de trabajo convocadas por la STPS e IMSS para diseñar la reforma, y dedicó los meses previos a ajustar sus procesos internos con miras a cumplirla cabalmente. Este respaldo no ha estado exento de matices: las plataformas insisten en que la transición debe ser viable económicamente para todos los involucrados. En privado, habían advertido que ampliar derechos laborales implicaría modificar el modelo de negocio, tradicionalmente basado en bajos costos operativos y alta flexibilidad.
De hecho, ya se observan consecuencias en la operación. Por ejemplo, Uber anunció un alza de hasta 7% en sus tarifasde viaje en México alegando cubrir “los costos asociados al nuevo marco regulatorio” y proteger las ganancias de sus conductores. La empresa argumentó que este ajuste era necesario ante una “realidad que no podemos ignorar” al incorporar las obligaciones laborales, e hizo énfasis en que no busca beneficio corporativo, sino mantener el equilibrio para socios repartidores. Sin embargo, el gobierno criticó el incremento de precios. La Secretaría del Trabajo cuestionó que Uber aplicara esa subida a solo semanas de iniciado el piloto, señalando que aún no existe un cálculo preciso del impacto real de la reforma en costos operativos ni del número exacto de trabajadores formalizados, por lo que consideró prematuro y posiblemente injustificado encarecer las tarifas. Además, la STPS recordó que Uber y otras empresas habían asumido el compromiso de no tomar medidas unilaterales mientras se evalúa la reforma durante la prueba piloto, insinuando que la compañía rompió el acuerdo al apresurarse con los aumentos. Autoridades como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunciaron operativos de vigilancia para evitar abusos en precios al consumidor. En respuesta, Uber reiteró su apoyo al avance en derechos laborales, pero subrayó que cualquier cambio estructural debe contemplar la sostenibilidad financiera de la plataforma y de los mismos conductores.
En términos generales, las empresas han adoptado un discurso público cooperativo –participando en el piloto y acatando la normatividad– mientras ajustan su modelo de negocio. Es previsible que el costo de las nuevas prestaciones se reparta entre la compañía, los repartidores (vía retenciones de cuotas) y posiblemente los usuarios finales (vía tarifas ligeramente más altas). Este reparto de costos aún se está calibrando en el mercado, bajo la lupa de las autoridades.
Implementación y estado actual de la legislación
Reforma laboral para Uber y Didi en IMSS México se materializó legalmente el 24 de diciembre de 2024, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición a la Ley Federal del Trabajo. Dado que el decreto estableció 180 días para su entrada en vigor, inicialmente se contempló que regiría desde el 22 de junio de 2025. Sin embargo, como se mencionó, la fecha se movió al 1 de julio de 2025 tras las protestas de repartidores, para dar margen a una implementación más coordinada. Desde ese día, México arrancó un programa piloto nacional para poner a prueba el nuevo esquema durante seis meses, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025. Este periodo de prueba, acordado entre gobierno, empresas y representantes de trabajadores, servirá para evaluar el impacto real de la reforma, afinar procesos técnicos y realizar ajustes operativos antes de su consolidación definitiva
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En la práctica, el piloto implica que las plataformas ya deben registrar y asegurar a sus colaboradores según las reglas, pero las autoridades mantendrán mesas de seguimiento para resolver imprevistos. De hecho, en los próximos meses se espera preparar iniciativas adicionales o reglamentos que detallen aspectos pendientes (por ejemplo, cómo se contabilizarán exactamente las horas y salarios para efectos de prestaciones). Cualquier propuesta de modificación legal deberá pasar por el Poder Legislativo antes de adoptarse formalmente, lo que podría ocurrir a inicios de 2026 tras incorporarse el aprendizaje del piloto. Mientras tanto, IMSS habilitó un micrositio informativo para orientar a repartidores y empresas sobre sus nuevas obligaciones y derechos, y publicó en el DOF (el 24 de junio de 2025) las reglas técnicas de la prueba piloto –por ejemplo, el método para calcular el salario base de cotización diario a partir del ingreso mensual neto–. Del lado laboral, la STPS también emitió lineamientos (27 de junio) para determinar el ingreso neto considerando las deducciones por uso de medios propios(vehículos, gasolina, etc.), de modo que la carga de cuotas se ajuste a la realidad de cada repartidor. Es decir, durante el piloto se calibrará cuánta parte del ingreso se excluye como gasto de operación del trabajador (por ejemplo, un porcentaje fijo según si usa auto, moto o bici) para no sobrecargarlo en las cotizaciones.
A la fecha, la legislación está vigente en fase experimental, con todos los actores bajo observación. El gobierno ha habilitado canales de atención (como el centro telefónico “MarcaSAT” y chats en línea) para dudas fiscales de repartidores, e Inspectores del Trabajo e IMSS realizan verificaciones para garantizar que las plataformas cumplan con registrar a quienes corresponda. La expectativa oficial es que no haya pérdidas masivas de empleos ni reducciones drásticas en la oferta de servicios por esta reforma –la STPS ha descartado que ocurran despidos o afectaciones mayores, confiando en la adaptación gradual del sector–. Con el piloto en marcha, todas las partes involucradas parecen conscientes de que se trata de un proceso de aprendizaje colectivo. Los repartidores sindicalizados vigilan que se respeten las promesas de autonomía y protección; las empresas monitorean el impacto financiero real (ajustando tarifas o estrategias conforme sea necesario); y el gobierno actúa como árbitro para que se cumpla el espíritu de la ley sin descarrilar un sector que se ha vuelto parte de la vida urbana.
En síntesis, la Reforma laboral para Uber y Didi en IMSS México representa un parteaguas en la protección de los trabajadores de apps, al incorporarlos al sistema de seguridad social y reconocer su relación laboral con las empresas. Por primera vez, un repartidor de Uber o Rappi tendrá derecho a IMSS, a un crédito de vivienda o a días de vacaciones pagadas –beneficios impensables hace unos años en la llamada “gig economy”. Al mismo tiempo, el país experimenta en tiempo real cómo adaptar la ley a un modelo de negocio basado en la flexibilidad. El desenlace de esta experiencia piloto será seguido de cerca tanto por otros países como por los propios actores locales. Lograr el equilibrio óptimo entre derechos laborales y flexibilidad es el objetivo final: ni volver rígido un esquema que da sustento a miles de familias, ni permitir que la flexibilidad signifique precariedad. México ha decidido afrontar este reto con diálogo social y ajustes sobre la marcha, en búsqueda de un nuevo contrato social para la era digital. Los próximos meses, con la conclusión del piloto y su eventual consolidación legislativa, serán clave para evaluar el éxito de esta ambiciosa reforma
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